Estado reconocer crimen contra estudiante Mario Alioto López Sánchez


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Tras 17 años en busca de justicia, el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad y solicitó perdón a la familia de Mario Alioto López Sánchez estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-, por su asesinato cometido por la extinta Policía Nacional-PN- en 1994, mientras luchaba por los derechos básicos de los guatemaltecos. En un acto conmemorativo el ministro de gobernación, Carlos Menocal en nombre del Estado de Guatemala y el presidente Álvaro Colom, solicitaron perdón a la familia del estudiante que murió durante una protesta de la Asociación de Estudiantes de la Universidad -AEU-, contra el aumento del pasaje público. El asesinato de Mario Alioto López, significo una perdida para la nación, dejando con grandes dificultades económicas y sicológicas a Irma Leticia Sánchez Barillas, madre de la víctima y Ana Luisa Paau esposa del estudiante, pero sobre todo a su pequeño hijo con apenas 27 días de nacido. Y es que Mario López salió a luchar por el incremento al pasaje de bus, que afectaba el derecho de las personas y su económica, cuando la PN con aproximadamente 100 agentes reprimió la protesta, el estudiante cayó en manos de los agentes que le propinaron una golpiza, acertándoles disparos con una escopeta, aunado al entorpecimiento para que los cuerpos de socorro lo atendieran, situación que agravo su condición provocándole la muerte un día después. “El abandono, la falta de auxilio, la cobardía de dejarlo morir agonizando en el asfalto, marco la determinación histórica para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconociera la responsabilidad del Estado”, mencionó el Ministro de Gobernación. Aunque el Estado reconoce su responsabilidad, en los tribunales de Guatemala aún no llega la justicia, mencionó Menocal quien califico el asesinato de López como “Un acto cobarde cometido por agentes de la policía”. Durante la administración del presidente Álvaro Colom se han realizado más de 40 actos de perdón, Carlos Menocal titular de la cartera de Gobernación explicó que no son acciones de venganza, ya que es la búsqueda de la verdad como parte de una política para que acciones como estas no vuelvan a suceder. “El principal objetivo de la justicia es combatir la impunidad, y si las personas fueron responsables de estos actos atroces y cobardes, pues ojala cumplan una condena y asuman su responsabilidad”, señalo Menocal, el funcionario agregó que durante el conflicto armado interno el Estado de Guatemala tuvo una gran responsabilidad, mientras constantemente violaba los derechos humanos de los guatemaltecos. En el acto en nombre del presidente Álvaro Colom, el titular de Gobernación entregó una carta a los familiares de Alioto, en donde se reconoce la responsabilidad del Estado, “En nombre del Estado de Guatemala solicitamos perdón por la angustia y el dolor causado durante el conflicto armado interno”. Ana Luisa Paau viuda de Alioto reconoció que este acto de perdón recompensa la lucha realizada durante 17 años, además solicitó a su hijo ser un ejemplo para la sociedad como lo fue su padre. Como muere Mario Alioto López Sánchez Al ver la década de los años 90 en retrospectiva, es evidente que ese período de la historia guatemalteca está marcado por la disminución en los niveles de violencia y por lo intenso de las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla. Las pláticas culminaron con la firma del acuerdo de paz en los últimos días de diciembre de 1996. No obstante, esos seis años, previos al acuerdo, vieron correr sangre y un refinamiento de las tácticas represivas, que fueron selectivas. Durante una de esas jornadas, en noviembre de 1994, un hecho de sangre enlutó a la comunidad universitaria. Una vez más, como en 1978 y 1985, un alza al transporte urbano provocó fuertes choques entre las fuerzas de seguridad y jóvenes, y por más de ocho días se repitieron los enfrentamientos. Decenas de buses fueron quemados en los barrios periféricos de la ciudad o en el mismo centro, mientras el régimen empleó su fuerza represiva contra quienes protestaban, convirtiendo a la ciudad en un campo de batalla. Luego de reuniones y pláticas entre representantes del movimiento popular y la administración municipal de Oscar Berger Perdomo, el viernes 11 de noviembre al mediodía se acordó dejar sin efecto el aumento. A pesar de esa medida, esa misma noche en el campus universitario se realizó otra manifestación. A decir de algunos estudiantes, era una protesta por los universitarios heridos la noche anterior, cuando desconocidos dispararon contra una manifestación similar. A las siete de la noche, luego de que los estudiantes obstruyeron el paso por la Avenida Petapa, un carro pasó disparando en contra de los estudiantes. Minutos después, las fuerzas de seguridad uniformadas llegaron para reprimirlos. Los agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata –FRI- y del Cuarto y Quinto Cuerpo de la extinta Policía Nacional abrieron fuego contra de los estudiantes que huían. Uno de ellos, el estudiante de Derecho y miembro activo de la Asociación de Estudiantes "El Derecho", Mario Alioto López Sánchez, fue alcanzado por una bala. Aunque varios de sus compañeros intentaron auxiliarlo, un grupo de policías, liderados por el segundo jefe del FRI, Carlos Escobar Fernández, les dio alcance. López Sánchez estaba gravemente herido y se desangraba en el pavimento. A pesar de ello, Escobar y otros agentes la emprendieron contra él a golpes. El estudiante agonizaba mientras que la policía impedía el ingreso de los cuerpos de socorro. Al día siguiente, Alioto López falleció en el Hospital Roosevelt a causa de los golpes recibidos. Alioto se convirtió en un símbolo para la nueva generación de estudiantes comprometidos. La lucha por llevar justicia a su caso involucró a todos los sectores universitarios. La rectoría, por ejemplo, nombró un grupo de abogados que presentó el caso ante los tribunales. A pesar de que otros casos no habían prosperado (como el de la Panel Blanca en 1987 y 1988, el asesinato de tres universitarios del CUNOC en 1989 y la muerte de Julio Cu Quim en 1992), después de dos años el caso Alioto llegó a juicio oral. Esta vez los acusados no sólo eran agentes policíacos, sino el jefe del FRI, Carlos Escobar, junto al entonces ministro de Gobernación Danilo Parrinello, el viceministro Mario Mérida y el jefe de la Policía Nacional, Salvador Figueroa. El debate, que duró cerca de dos semanas, concluyó con una decisión histórica, al encontrar el tribunal culpable de la muerte de López Sánchez a los cuatro acusados. El fallo conmocionó a la población guatemalteca y tanto voces de apoyo como de protesta se dejaron escuchar. Por primera vez en más de 400 asesinatos y desapariciones de universitarios, altos funcionarios de las fuerzas de seguridad eran juzgados y condenados por su participación directa o indirecta en uno hecho así. Sin embargo la alegría duró poco tiempo para los compañeros de López. Después de tres meses en prisión los altos funcionarios, a excepción de Escobar, fueron dejados en libertad. La justicia le jugó, una vez más, una mala pasada a la San Carlos.
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Tras 17 años en busca de justicia, el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad y solicit